Teresa Ribera gasta 65.000 € en 100 ‘voluntarios’ para que aplaudan sus políticas climáticas

El Ministerio para la Transición Ecológica va a gastar 65.000 euros en conseguir que 100 españoles anónimos avalen las políticas contra el cambio climático del Gobierno. El departamento de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, está reclutando hasta el 14 de septiembre a estas personas a través de una cooperativa del Grupo Tangente, entidad en la que han trabajado varios ex cargos públicos de Podemos.

Según la documentación consultada por OKDIARIO, el Ministerio ha lanzado una convocatoria en la que señala: «Tú podrías ser una de las personas seleccionadas para formar parte en la Asamblea Ciudadana para el Clima, un foro de participación ciudadana que reunirá a una gran variedad de personas de todo nuestro país, en un ejercicio democrático sin precedentes en España, para reflexionar sobre cuáles son las soluciones y los cambios necesarios para construir un país más seguro y justo ante el cambio climático».

El Gobierno considera que la lucha contra el cambio climático constituye «un formidable reto técnico, científico y político, pero también un enorme reto social». Con ese argumento justifica que se paguen 650 euros a cada uno de los ciudadanos que se involucren en este proceso.

«En España contamos con una Ley de Cambio Climático y Transición Energética que hará que ganemos en prosperidad, seguridad energética, generación de empleo, innovación, salud, desarrollo tecnológico y justicia social», indican a los posibles participantes. Para avalar estas tesis el Ministerio de Transición Ecológica pagará cientos de euros a cada uno de los participantes que se involucren en la asamblea.

Sin experiencia

El Ministerio asegura que «la opinión de la ciudadanía es importante para avanzar en el diseño de las actuaciones necesarias para frenar el cambio climático». «La asamblea se celebrará de manera virtual entre los meses de noviembre de 2021 a abril de 2022, a lo largo de cinco sesiones de ocho horas como máximo, pudiendo celebrarse la última sesión de manera presencial en Madrid, si las condiciones sanitarias lo permiten», explica.

La convocatoria ministerial señala que «todas las personas mayores de 16 años son bienvenidas». No tienen que tener «conocimientos previos de ningún tipo»  e incluso, se asegura, «su posicionamiento frente al cambio climático» también da igual.

Transporte y alojamiento

Además de la remuneración, se cubrirá con fondos públicos el gasto de transporte, alojamiento y comidas en el evento presencial que cerrará el proyecto. «La participación se gratificará con 650 euros y también serán cubiertos los gastos de desplazamiento y manutención para la participación en la sesión presencial, siempre que esta pueda realizarse», detalla la convocatoria. Además, «para aquellos ciudadanos que no dispongan de medios se facilitarán las herramientas necesarias para la participación en la asamblea». No es necesario tener conocimientos en el uso de herramientas digitales para poder participar.

«Esta es una oportunidad fantástica para contribuir a la reflexión de los cambios que necesitamos para vivir mejor y para construir una España preparada para abordar el cambio climático», subraya el Ministerio. El último día para presentarse como participante es el 14 de septiembre.

«Queremos que la asamblea sirva para dar respuesta a la siguiente pregunta: una España más segura y justa ante el cambio climático con las aportaciones de todos, ¿cómo lo hacemos?», agrega la convocatoria. El trabajo de la asamblea se organizará en tres fases: aprendizaje y conocimiento a las personas participantes, reflexión y deliberación en grupo sobre temáticas concretas y preparación y votación de un informe de recomendaciones que serán públicas y se enviarán al Gobierno y al Pleno del Congreso de los Diputados.

El departamento de Ribera asegura que «la asamblea estará formada por cien personas que representan la diversidad de la sociedad española». Serán seleccionadas «de manera aleatoria» sobre la base de criterios como «la edad, género, nivel educativo, procedencia geográfica, y residencia en área urbana o rural, entre otros». Habrá una representación equilibrada entre mujeres y hombres y se incluirá la participación de jóvenes. La asamblea pretende ser, según se enfatiza, «una fiel representación de la voz de la ciudadanía». La única salvedad es que no podrán, en ningún caso, ser políticos (miembros del Gobierno, diputados, senadores, eurodiputados, parlamentarios regionales, alcaldes, concejales, asesores, empleados de partidos políticos o de sus fundaciones, etc.).